La presidenta replica a los críticos afirmando que “algunos no quieren que se dediquen a la política quienes pueden ganarse la vida de otra manera”. Sin embargo, su propuesta da al traste con una de las conquistas democráticas más trascendentales del Estado moderno, que impregnó a todos los parlamentarios europeos, cuyos miembros tienen remuneraciones fijas. Todos y cada uno de ellos.
A los políticos consultados, la mayoría vinculados al derecho constitucional y la historia por formación, y con otros medios de vida seguros si dejaran la política, se les viene encima la España de la dictadura de Franco, con procuradores en Cortes que, en efecto, no cobraban, en vez de parlamentarios elegidos por sufragio universal. Y antes, a la democracia censitaria de los siglos XVIII y XIX, cuando solo los tocados por la fortuna podían ser elegidos.
¿Volver a las Cortes de Franco?, se preguntan los consultados. Los miembros de esas Cortes, entre 1939 y 1977, pertenecían la clase más alta del régimen, aunque las pocas horas que pasaban al mes en el viejo palacio de la Carrera de San Jerónimo, para convalidar las leyes que aprobaba el dictador y sus ministros, les resultaban muy rentables. Los negocios que no se cerraban en ese marco, se sellaban en cacerías: “Las escenas hilarantes de la película La escopeta nacional no eran ficción”, rememoraba un veterano diputado socialista en un corrillo en el que trataba este asunto con parlamentarios de su propio grupo y de las bancadas nacionalistas.
López Garrido: “La remuneración digna da independencia”
“Esa propuesta lleva a que solo los ricos puedan estar en política y los que no lo son, ¿alguien les tendrá que pagar para vivir…?” Esta apreciación con pregunta incluida de Cayo Lara, coordinador general de Izquierda Unida, entraña otro de los aspectos que todos los políticos consultados han realzado: un Parlamento, nacional o regional, con políticos sin sueldo obligaría a quien “no sea rico por casa”, a ponerse a disposición de algún grupo, corporación, empresa o colectivo que le pague a cambio de defender sus intereses. Se abren las puertas a la corrupción, porque se prescinde del régimen de incompatibilidades.
Quienes están más preocupados son los parlamentarios de Castilla-La Mancha que concurrieron a las elecciones de mayo de 2011 con unas condiciones que ahora pueden modificarse sustancialmente. Muchos abandonaron sus trabajos o pidieron excedencia para cumplir con el duro régimen de incompatibilidades dictado durante años por los socialistas José Bono y José María Barreda. Los diputados castellano-manchegos tienen prohibida cualquier remuneración externa, por pequeña que sea, porque su dedicación tiene que ser absoluta.
El parlamentario socialista José Manuel Caballero, secretario general de Ciudad Real, denuncia que detrás de la propuesta, además del “populismo”, está el deseo de amordazar a la oposición, ya que si los diputados están de paso, porque tienen otras ocupaciones, la mayoría parlamentaria del PP puede “castigar” al PSOE al no convocar comisiones parlamentarias: legislativas y de control. Y todo por un escaño más, que es el que tiene el PP sobre el PSOE, se desespera Caballero, pero ese es el juego democrático.
Cayo Lara: “Los
representantes serán los
de los grandes ‘lobbys”
En aras, precisamente, de la pureza democrática los Estados modernos establecieron sueldos a los parlamentarios para que no tuvieran que depender de intereses particulares. De ahí las estrictas incompatibilidades de las Cortes Generales.
Un retroceso, analizado desde cualquier punto de vista. Esta es la opinión del diputado de CiU Jordi Xuclá, experto constitucionalista que, además de la vuelta a la España “en blanco y negro, a la de los Procuradores en Cortes”, rompe la igualdad de condiciones para optar a ser representante de los ciudadanos. “La política no es una profesión pero se debe llevar con profesionalidad”, afirma Xuclá, un parlamentario muy activo.
Además, expone todo su rechazo a una nueva versión de la democracia censitaria de los siglos XVIII y XIX, en la que tanto para elegir como para ser elegido se debía tener riquezas, títulos honoríficos o determinados blasones. Estas épocas son rememoradas por el diputado socialista y portavoz de Defensa de su grupo, Diego López Garrido, letrado en Cortes y catedrático de Derecho Constitucional: “Quien te paga manda; y si te paga el pueblo estás a su servicio y si no es el pueblo, pues alguien te pagará, a no ser que seas rico, abriéndose la puerta a la corrupción", concluye López Garrido. “La remuneración justa y digna de los presupuestos públicos dota al diputado de independencia y le libra de ataduras”, remacha.
CiU: “La política no puede
ser el chivo expiatorio
de la crisis económica”
El coordinador general de IU, Cayo Lara, califica de predemocrática y anticonstitucional esta medida. En efecto, la Constitución establece la asignación económica para los parlamentarios, precisamente para preservar su independencia. “Dejar sin sueldo a los parlamentarios equivale a dejar sin representación a la mayoría de los ciudadanos y que los representantes de las Cortes sean los grandes lobbys”, deduce el político izquierdista.
A la Historia con mayúscula se apela con insistencia al analizar este asunto. Asi lo hace el portavoz adjunto de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán. “Si tuviera unos mínimos conocimientos de historia, la señora Cospedal sabría que su tesis es predemocrática y supone un retroceso de siglos”. Por el contrario, tener un sueldo público “no es un privilegio para los diputados siempre que se mantenga en límites razonables”, sino que es una “conquista democrática”, sostiene Gorriarán.
Y ya se han dado pasos para que la remuneración de los parlamentarios sufra las mismas mermas que experimentan todos los empleados públicos. Los recortes son los mismos en el porcentaje más alto de la tabla y, por supuesto, tampoco tendrán paga extra de Navidad el próximo mes de diciembre.
Quienes se oponen a dar un vuelco al sistema de remuneraciones de los parlamentarios y a abrir la puerta a que trabajen en otras actividades se dirigen enfáticamente a la opinión pública para que mediten sobre las consecuencias de esa medida. El secretario general del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, Enrique Guerrero, establece esta disyuntiva con fuerte carga crítica. “Es preferible que los ciudadanos paguen a los diputados por resolver sus problemas a que paguen redes como la Gürtel por algo que beneficia a representantes corruptos de los ciudadanos”, señala este profesor titular de Ciencia Política.
Cospedal propone que los legisladores sean profesionales en activo
Una y otra vez los peligros de permitir a parlamentarios que simultaneen actividades privadas con el Parlamento brotan de los políticos. “No se puede simultanear el escaño con una actividad que puede desarrollarse en despachos de abogados quizá dirigidos por diputados que sirven a un lobby”, rechaza Guerrero.
¿Qué alcance tendrá esta medida que Cospedal propone para las Cortes de Castilla-La Mancha? Que haya hecho la propuesta la máxima dirigente del PP, después del presidente del Gobierno y del partido, Mariano Rajoy, es lo que ha hecho que el resto de los partidos le den la máxima relevancia. También se la han dado dirigentes regionales del PP, que no ocultan en privado cierto malestar porque su “jefa” marque esa tendencia.
En público predomina la tibieza o la desviación del tema. La vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, alabó todas las medidas que puedan tomar las comunidades autónomas para ahorrar. “Cada comunidad decide qué medidas considera más oportunas”. A Esperanza Aguirre, presidenta de Madrid, la medida no le sugiere nada especial: “No me parece ni bien ni mal”, y recordó que durante unos años los parlamentarios de Madrid no recibían remuneración fija. En efecto, eso fue así hasta los primeros años noventa, pero hubo un “ataque de dietitis”, como recuerda un gobernante de la época. Se entendió por ese fenómeno aquel que llevaba a los parlamentarios a apuntarse al mayor número posible de comisiones para abultar las dietas. Mejor un sueldo fijo, pensaron, ya que los pagos empezaron a desorbitarse.
8.000 millones no pueden gestionarse
en ratos libres, dice García-Page
Sí, hay incomodidad en el PP por este debate que la mayoría de los dirigentes tratan de encapsular en las Cortes de Castilla-La Mancha. Así, el portavoz parlamentario del grupo Popular, Alfonso Alonso, proclama su identificación con “la doctrina de los padres de la Constitución” que, para él, “sigue vigente”. “Los parlamentarios tienen una asignación pública para mantener su independencia y para que el acceso a la política no esté vetado por razones económicas”. Por tanto, rechaza planteamientos “demagógicos y agresivos contra la política” y se queda con “posiciones equilibradas”. Sí al sistema, pero “con ajustes”, trata de zanjar el responsable de los parlamentarios del PP.
¿Es la crisis el detonante de propuestas cuyas consecuencias no se han meditado? En parte sí, reconocen los consultados. Pero hay irritación, como expresa, en forma de ruego, el diputado de CiU, Jordi Xuclá: “La política no puede ser el chivo expiatorio de la crisis”.
